Homicidios selectivos, masacres, atentados, amenazas, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, son algunos de los escenarios de riesgo de vulneración de derechos en los que viven las comunidades de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán en el departamento de Nariño. 

Así lo reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al dar a conocer la Alerta Temprana 030 del 2022 elaborada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en la que llama la atención para que las autoridades nacionales y regionales tomen las medidas necesarias que permitan evitar la vulneración de derechos, en particular, la vida e integridad de los habitantes de esta zona. 

Los grupos armados ilegales, entre ellos, las disidencias de las FARC, el ELN y grupos delincuenciales, están en una disputa territorial por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y el cobro de extorsiones.

“En la Defensoría del Pueblo estamos especialmente preocupados por los riesgos que enfrentan las comunidades de la subregión del Telembí. Este es un territorio afrocolombiano e indígena cuyos líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos corren un grave riesgo en su integridad y su vida”, señaló Carlos Camargo.

Nariño es la región del país en la que más se han presentado homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2022 ocurrieron 25 homicidios. La Defensoría del Pueblo ha instado en diversas oportunidades a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de sus acciones a la población civil y acogerse a la propuesta de paz del Gobierno Nacional.

En la zona existen 22 Consejos Comunitarios y 19 resguardos indígenas del pueblo Awá, con 71.000 afrocolombianos y 9.700 indígenas de dicha comunidad. La Alerta Temprana destaca que en la región del Telembí viven unas 47.000 mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas y unos 30.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estos últimos con riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales.

“En la Defensoría del Pueblo hemos emitido 47 recomendaciones para que las autoridades adelanten las acciones que permitan la disuasión de las amenazas con enfoque de derechos y de protección comunitaria, también medidas de política pública para la superación de las necesidades insatisfechas de las comunidades, prevención de violaciones a los DD.HH y al DIH y la atención humanitaria integral”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

*Con información de Defensoría del Pueblo